Los hechos consumados se aceleran.
El día dos de febrero el gobierno de Israel anunciaba la apertura del paso fronterizo de Rafah entre la franja de Gaza y Egipto.
Ese gobierno, presidido por Benjamín Netanyahu, sus medios de comunicación y con la complicidad del gobierno de Donald Trump, nos han querido hacer creer que era un gesto magnánimo para mitigar el sufrimiento del pueblo gazatí y para hacer progresar el plan de paz (?) del presidente de los EEUU.
Como dijo Jesús A. Núñez Villaverde el 12 de febrero en el Real Instituto Elcano, “el truco es tan viejo que asombra que siga funcionando”.
“En primer lugar, sin olvidar en ningún caso que su prolongado cierre (más de dos años) es una medida condenable, en tanto que supone un castigo colectivo contra sus más de dos millones de habitantes, dejaba claro que Tel Aviv llevaba cuatro meses incumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado 10 de octubre, por el que, además de un cese de hostilidades, se establecía el compromiso israelí para dejar de poner obstáculos a la provisión de ayuda humanitaria”.
“Por otra parte, la novedad se reduce estrictamente a que Israel sólo va a permitir el paso de unas 200 personas al día, manteniendo cerrado el paso de mercancías.
De ellas, se prevé que unas 50 serán gazatíes localizados en territorio egipcio que deseen volver a Gaza; una cantidad irrisoria si se tiene en cuenta que diversas fuentes estiman que actualmente hay entre 100.000 y 150.000 personas en esa situación.
En sentido contrario, se calcula que Israel permitirá la salida diaria de la Franja, fundamentalmente por motivos médicos, a unos 50 enfermos y 100 acompañantes (sobre un total estimado por la Organización Mundial de la Salud –OMS– de 18.500 enfermos necesitados de atención en instalaciones hospitalarias inexistentes en Gaza)”.
“Además, ese tránsito a cuentagotas se presenta como aparentemente regulado por efectivos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), relevando a las fuerzas israelíes, complementados por enviados de la Unión Europea (UE). Todo ello haciendo ver que Israel cede esa tarea a otros como un ejemplo de generosidad y confianza”.
La realidad es otra.
En los cinco primeros días no han llegado al centenar las personas que han podido entrar en Gaza y unas treinta las que han podido salir de ella.
Israel tiene el control último del paso, unos metros más allá de las instalaciones de la ANP y la UE.
Israel mantiene los criterios de selección de quienes pueden cruzar el paso fronterizo.
Mientras las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), como afirma Núñez Villaverde, “continúan violando diariamente un alto el fuego que sólo le sirvió a Netanyahu y a los gobiernos nacionales que lo apoyan para desactivar la movilización ciudadana en muy diversos países. De hecho, se contabilizan más de 1.450 violaciones desde su entrada en vigor, con más de 500 asesinatos que se añaden a los más de 70.000 contabilizados desde octubre de 2023”.
Además “Gaza sigue siendo un territorio cerrado por tierra, mar y aire, con las FDI desplegadas a lo largo de la llamada Línea Amarilla, ocupando en torno a un 60% de sus 360 km2 y controlando los otros seis pasos que conectan la Franja con Israel”.
Netanyahu hace lo que le da la gana, al saber que nadie está dispuesto a ir más allá de las condenas verbales.
Además, con armamento a la carta servido por el gobierno cómplice de Donald Trump.
El Departamento de Estado estadounidense ha anunciado la pasada semana la aprobación de una nueva venta de armamento a Israel por un importe estimado en 6.700 millones de dólares, que incluye una treintena de helicópteros de ataque Apache, munición y diversos tipos de vehículos tácticos ligeros.
El genocidio perpetrado por las FDI no frena el tradicional apoyo activo de Washington.
En octubre del pasado año ya se contabilizaban, según un estudio de la Universidad Brown, ventas de material de defensa por un total de 21.700 millones de dólares.
Otro tanto cabe decir de la UE, incapaz de aplicar ninguna medida de castigo a quien, según sus propios datos, comete violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los gazatíes (y, por tanto, choca abiertamente con lo estipulado en el acuerdo de asociación vigente).
Incluso, en un nuevo ejercicio de funambulismo político que agrava la incapacidad de los veintisiete para estar a la altura de su propios valores y principios, Kaja Kallas, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, ha optado por declarar que la mencionada apertura de Rafah es “un paso concreto y positivo”. Sin más.
Si todo esto no fuera poco, además, la decisión adoptada el pasado domingo por el gobierno israelí de extender su autoridad civil sobre varias partes de Cisjordania constituye de facto una anexión ilegal, como ponía de manifiesto, con toda razón, un reciente editorial de El País.
Es una grave violación, una más, del maltracho derecho internacional que deja a las claras, por si había alguna duda, de cuales son las intenciones de Benjamín Netanyahu: la anexión del máximo territorio palestino dejando a su población recluída en pequeños enclaves dependientes del gobierno israelí.
La legislación establecida en 1997 que obligaba a la aprobación previa de las nuevas construcciones en territorio cisjordano, tanto por parte de las autoridades israelíes como de las palestinas, ha sido derogada de un plumazo.
Da cobertura legal a los colonos en tierra de Cisjordania e incrementa la capacidad de las autoridades de Israel para supervisar y regular cuestiones relacionadas con el agua, los yacimientos arqueológicos y riesgos ambientales (lo que supondrá la prohibición de crear infraestructuras palestinas y su crecimiento urbanístico).
Si lo anterior es ilegal, el anuncio de la publicación del registro de propietarios de tierras en Cisjordania, hasta ahora secreto, puede consagrar la expropiación ilegal de tierras palestinas a manos israelíes.
El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos pidió el miércoles a Israel que revocara las recientes medidas para ampliar el control sobre los territorios palestinos en la Cisjordania ocupada.
“Se trata de un paso más de las autoridades israelíes para imposibilitar la viabilidad de un Estado palestino, violando el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”, afirmó Volker Türk.
Advirtió que, de aplicarse, las decisiones “acelerarán sin duda la desposesión de los palestinos y su traslado forzoso, y conducirán a la creación de más asentamientos israelíes ilegales”.
Esto, a su vez, “privará aún más a los palestinos de sus recursos naturales y restringirá el disfrute de otros derechos humanos”.
¿Se acuerda alguien de los acuerdos de Oslo de 1993?
Supusieron un atisbo de esperanza para una solución justa del conflicto palestino-israelí y hoy han sido desmantelados por el gobierno Netanyahu con autorización del de los EEUU del autócrata Donald Trump.
Soplan malos vientos para el pueblo de Palestina.
Hoy más que nunca es necesario un alto el fuego duradero, la entrada urgente de ayuda humanitaria y la solución de los dos estados.
Una paz que parece más utópica que nunca.
Zaragoza, febrero 2026.
Santiago Casajús Aguado.
Coronel Auditor retirado.





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