La entrada anterior la titulé con la palabra “genocidio”, término jurídico que implica la existencia de atroces hechos delictivos con graves consecuencias penales.
Reproducía en la misma la reflexión de Antonio Cazorla, catedrático de historia contemporánea de Europa en la Trent University de Canadá, publicada en el País el 29 de julio pasado.
En ella decía que el problema principal para considerar las acciones de Israel como un genocidio estaba en la palabra “intención”, del artículo 2º de la Convención para la prevención y castigo del delito de genocidio aprobada por la ONU el 9 de diciembre de 1948 y en vigor desde el 12 de enero de 1951.
Ayer la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados concluyó que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la franja de Gaza, al darse aquel elemento intencional.
Las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención.
Estos son el matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad.
“Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró la presidenta de la Comisión, Navi Pillay.
La ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que, además, "es importante señalar que los acontecimientos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 no se han producido de forma aislada. Fueron precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exigía la expulsión de la población palestina de sus tierras y su reemplazo".
Por su parte, el comisario australiano Chris Sidoti dijo que “las muertes no son accidentes, no son daños colaterales. Son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada en lo que respecta a la infraestructura de Gaza y a la población de Gaza”.
“Residencias, casas, hospitales, universidades, escuelas, museos, iglesias, mezquitas, sitios arqueológicos, carreteras, instalaciones agrícolas, la industria pesquera (…) Nuestro informe ha dibujado la imagen completa durante dos años de la destrucción. Y la destrucción es tal, unida a la política de hambruna, que las condiciones para la vida son insostenibles”, añadió Sidoti.
El informe sostiene que las declaraciones explícitas de las autoridades civiles y militares israelíes y el patrón de conducta de las fuerzas de seguridad israelíes indican que los actos genocidas se ejecutan con la intención de destruir, total o parcialmente, a los palestinos de la franja de Gaza como grupo.
Para establecer los actos genocidas, la Comisión examinó las operaciones militares de Israel en Gaza, que incluyen la matanza y las graves lesiones sufridas por un número sin precedentes de palestinos; la imposición de un asedio total con el bloqueo de la ayuda humanitaria que ha provocado hambruna; la destrucción sistemática de los sistemas sanitario y educativo en Gaza; los actos sistemáticos de violencia sexual y de género; los ataques directos contra niños; los ataques sistemáticos y generalizados contra lugares religiosos y culturales; y el incumplimiento de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia.
Navi Pillay enfatizó que la responsabilidad de las atrocidades “recae en las más altas esferas de las autoridades israelíes, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”.
El informe destaca que Israel no ha evitado ni castigado el genocidio al no investigar los crímenes israelíes, ni procesar a los responsables.
Por ejemplo, refiere que el presidente israelí, Isaac Herzog, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, incitaron a la comisión de genocidio y que las autoridades israelíes no han tomado medidas contra ellos para castigar esta incitación.
Entre otros criterios para determinar la intención genocida, la Comisión analizó las declaraciones de las autoridades israelíes, así como su patrón de conducta y el de las fuerzas israelíes en Gaza, incluyendo la imposición de hambruna y condiciones de vida inhumanas a los gazatíes.
La conclusión fue que la única inferencia razonable que puede extraerse de la naturaleza de sus operaciones es precisamente esa intención.
“Israel ha ignorado flagrantemente las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y las advertencias de los Estados Miembros, las oficinas de la ONU, las organizaciones de derechos humanos y los grupos de la sociedad civil, y ha continuado su estrategia de destrucción de los palestinos en Gaza”, puntualizó Pillay.
Los hallazgos del grupo investigador muestran que las autoridades israelíes no han tenido la intención de cambiar su curso de acción.
“Por el contrario, las autoridades israelíes han persistido y continuado con su campaña genocida en Gaza durante casi dos años. Israel debe poner fin de inmediato al genocidio en Gaza y cumplir plenamente las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia”.
Asimismo, recalcó que Israel debe acabar con su política de hambruna, levantar el asedio y garantizar el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria a gran escala, al igual que la entrada irrestricta a todo el personal de las Naciones Unidas, incluidos los trabajadores internacionales de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como a todos los organismos humanitarios internacionales reconocidos que prestan y coordinan la ayuda.
En este punto, la Comisión también instó a Israel a poner fin ya a las actividades de su fundación para ayuda en Gaza.
Con respecto a la comunidad internacional, precisó que todos los Estados tienen la obligación legal de utilizar todos los medios a su alcance para detener el genocidio en Gaza.
Por lo mismo, los exhortó a detener la transferencia a Israel de armas y equipo militar; a garantizar que las personas y empresas en sus territorios y su jurisdicción no participen en la comisión de genocidio ni en la incitación a cometerlo; y a tomar medidas para la rendición de cuentas mediante investigaciones y procedimientos legales contra personas o empresas involucradas directa o indirectamente en el genocidio.
“La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Cuando surgen señales y pruebas claras de genocidio, la falta de acción para detenerlo equivale a complicidad”, puntualizó Pillay.
Por su parte, el comisario australiano Chris Sidoti dijo que “las muertes no son accidentes, no son daños colaterales. Son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada en lo que respecta a la infraestructura de Gaza y a la población de Gaza”.
El dictamen de genocidio establece un antecedente para ser utilizado por el Tribunal Internacional de Justicia que atiende la demanda de Sudáfrica contra Israel apoyada por gran número de países. Estas opiniones jurídicas se han visto precedidas por dos informes de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.
Si bien la tipificación jurídica es importante para exigir responsabilidades a los perpetradores es un debate técnico que distrae de lo urgente: el cese inmediato de la matanza y el sufrimiento de casi dos millones de gazatíes.
Zaragoza 17 septiembre 2025.
Santiago Casajus Aguado.
Coronel Auditor retirado.
