Leo la noticia de que se han producido “ocho muertos en un ataque israelí a la sede española de Médicos del Mundo en Gaza “, ante la indiferencia generalizada de la opinión pública española mucho más interesada en los casos de corrupción política que acechan al gobierno.
Estamos normalizando la barbarie escribía hace un rato en una entrada en mi cuenta de facebook.
La violación contínua de las normas del derecho internacional, del general y del humanitario en Gaza, a manos del gobierno de Netanyahu es continua y en la más absoluta impunidad sin que tenga la respuesta contundente que merecería por parte de los gobiernos europeos incluído el español.
Pero esta sensación personal de impunidad e impotencia, también trasciende a las instituciones judiciales creadas por la comunidad internacional.
La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (CIJ) ordenó a Rusia, en 2022, por amplia mayoría, suspender sus operaciones militares.
El gobierno de Putin no hizo ni caso a semejante requerimiento (éste órgano judicial de Naciones Unidas tiene autoridad para emitir fallos vinculantes entre estados y opiniones consultivas sobre derecho internacional). No existe poder coercitivo alguno que doblegue a los estados.
La Corte Penal Internacional (CPI), en 2023, emitió una orden de arresto, con toda justicia, contra Vladimir Putin.
Fue un hecho histórico, pues era la primera vez que se imputaba penalmente a un presidente de un gobierno de un país -nada menos- que miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Tras los atentados terroristas de Hamás en Israel el 7 de octubre, con los horrendos crímenes de 1.200 personas y unos 250 secuestrados, y la devastadora y desproporcionada respuesta israelí, ambas instituciones con sede en La Haya se vieron obligadas a reaccionar.
A finales de 2023, Sudáfrica acusó a Israel de genocidio ente la CIJ.
El tribunal en decisiones en enero, marzo y junio de 2024 instó a Israel a limitar sus acciones militares y le ordenó tomar medidas inmediatas para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. El veredicto de 26 de nero de 2024 determinó que Israel tomase “medidas inmediatas para garantizar que su ejército no viole la Convención de genocidio”.
En una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de la ONU declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos, y calificó como crímenes de guerra los asentamientos en los territorios ocupados.
Exigió su desmantelamiento y dar compensaciones a las víctimas.
Recordó a los estados su obligación de no reconocer ni apoyar esa situación.
Israel, de nuevo, ignoró todos estos fallos así como otros anteriores, como la opinión consultiva de la CIJ sobre el muro de separación, por la inexistencia de un poder de coerción para hacer cumplir dichas resoluciones.
En mayo de 2024 la CPI y su fiscal Karin Khan dieron un auténtico golpe de efecto que nadie esperábamos.
Solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de defensa Yoav Gallant por crímenes como el exterminio, la hambruna y la persecución “como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en el marco de una política de estado”.
Tras meses de demoras y esperas en noviembre de ese mismo año, la Sala Preliminar aceptó por unanimidad la petición.
Por fin un tribunal penal internacional hizo algo nunca visto: demostró su independencia e imparcialidad al imputar a un aliado clave de los Estados Unidos
Casi de forma inmediata distintos políticos estadounidenses propusieron sancionar a la CPI.
Al tomar Donald Trump la presidencia se impusieron sanciones contra el fiscal Khan y varios magistrados de la CPI y se autorizaron otras contra cualquier persona que colaborase con la investigación contra Israel.
Los estados que defienden, al menos en teoría, el derecho internacional, ante la reacción de la administración Trump, han dejado a la CPI indefensa ante los reiterados ataques contra su independencia.
Netanyahu es hoy un fugitivo de la justicia, como Putin. Aunque la mayoría de los países europeos, como España, han prometido cumplir sus compromisos y detener a los antes mencionados otros, como Francia, que citó su “amistad histórica” con Israel, han declarado que Netanyahu podría invocar una inmunidad como jefe de gobierno de un país no miembro de la CPI.
Esta posición contrasta con la asumida frente a Putin, jefe de Estado de otro país no miembro de la CPI.
Cuando Putin visitó Mongolia en 2024, Francia recordó la obligación de los Estados parte de la CPI de ejecutar sus órdenes de detención.
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado que encontrará la manera de recibir a Netanyahu.
Italia ha expresado dudas jurídicas sobre su arresto, y Polonia invitó a líderes israelíes a conmemoraciones en Auschwitz.
Hungría fue más lejos: recibió a Netanyahu con honores y anunció su retirada de la CPI.
Al mismo tiempo, una abrumadora mayoría de Estados, tanto del norte como del sur global, han perdido la paciencia con Israel, en particular por su negativa a permitir la asistencia humanitaria a Gaza, pese al fallo claro de la CIJ a principios de 2024.
En abril y mayo de 2025 se celebraron audiencias en La Haya sobre un tercer caso ante la CIJ que involucra a Israel, solicitada por la Asamblea General por un voto de 137 a favor, 12 en contra y 22 abstenciones, esta vez centrado en sus obligaciones para permitir los esfuerzos de socorro de la ONU, en el contexto de un bloqueo de meses y una hambruna generalizada en el territorio.
De los 39 Estados, incluido España, que intervinieron ante la Corte, solo Estados Unidos y Hungría argumentaron que Israel no estaba violando el derecho internacional al cerrar las operaciones de la agencia de Naciones Unidas dedicada a los refugiados palestinos (UNRWA).
Israel lleva desde su establecimiento soñando y planeando la limpieza étnica de Gaza y ese ha sido el objetivo de la ofensiva contra la franja desde octubre de 2023.
Y es que Israel- y EEUU- no tiene un problema con Hamás, ni siquiera con lo de Gaza, sino con los palestinos como un todo.
Pero la voluntad política de la mayoría de los países occidentales no ha llegado al punto de cuestionar el apoyo financiero, político y militar que ha permitido a Israel llevar a cabo su campaña de devastación masiva contra la población civil.
Mientras Israel pueda contar con el apoyo incondicional de Estados Unidos, mientras los Estados democráticos sigan invocando su “amistad” con Israel para eludir sus propias obligaciones, y mientras no se implemente un embargo de armas y máxima presión económica, difícilmente se verá disuadido de actuar al margen de la legalidad.
No sólo el genocidio del pueblo palestino y la hambruna deliberada del pueblo de Gaza están ocurriendo ante los ojos del mundo; también la justicia internacional y los organismos internacionales que la sustentan (Naciones Unidas) pueden perecer entre las ruinas, los cascotes, y los varios miles de víctimas civiles causadas por las bombas de Israel, con el beneplácito norteamericano y la pasividad de la mayor parte de los paises de Europa.
